Su página web y sus términos y condiciones necesitarían estar en español y adaptarse por completo a la Ley 13/2011. Esto influye a la publicidad de las promociones, que debe ser clara y sin condiciones engañosas. También precisa implementar herramientas de juego responsable de alcance nacional. Debiera integrarse en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para impedir el acceso de personas autoexcluidas. Cumplir con todo este marco legal supondría cambiar radicalmente su modelo de operación actual.